Desde Bierzo Aire Limpio queremos expresar nuestra profunda consternación por la tragedia ocurrida en Manzanedo de Valdueza. Seguimos en estado de shock. La pérdida de vidas humanas, entre ellas personas de Ponferrada conocidas por quienes formamos parte de esta asociación, nos conmueve profundamente. Trasladamos nuestro más sincero pésame a sus familias, amistades y a todas las personas afectadas.
Cuando se producen tragedias como esta es inevitable preguntarse si podían haberse evitado o, al menos, reducido el alcance de sus consecuencias. En nuestra opinión, el deslizamiento de tierras no responde únicamente a un fenómeno meteorológico extremo. Existen factores conocidos y riesgos previsibles frente a los que las administraciones públicas tienen la obligación legal y moral de actuar.
Lo más preocupante es que muchas de esas actuaciones ya están previstas en la normativa (Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la JCYL con un programa de 45 medidas de recuperación tras los incendios de 2025, con especial mención a la medida 28). Las administraciones no pueden limitarse a redactar normas; su primera obligación es cumplirlas y hacerlas cumplir. La prevención de la erosión, los estudios técnicos, la restauración de las zonas degradadas o las medidas de protección de la población ante episodios meteorológicos extremos no pueden quedarse sobre el papel: han de implementarse. Para ejecutarlas existen recursos públicos, responsables políticos que cobran precisamente por asumir esa responsabilidad y equipos técnicos cuya función es convertir el conocimiento científico en prevención efectiva.
Quienes ocupan responsabilidades públicas gestionan esos recursos precisamente para reducir riesgos previsibles y proteger a la ciudadanía. Esa es la esencia del servicio público. Gobernar exige tomar decisiones necesarias, incluso cuando no son populares. ¿Habría sido incómodo lanzar avisos específicos a la población berciana durante un día festivo ante un episodio de lluvias torrenciales en zonas montañosas afectadas por los incendios? Probablemente.
A ello se suman decisiones que contradicen el conocimiento científico y la dinámica de los ecosistemas. Autorizar el aprovechamiento ganadero inmediato en zonas quemadas, impidiendo el desarrollo de la vegetación que ayuda a estabilizar el terreno, o promover la tala generalizada de árboles quemados con maquinaria pesada en zonas afectadas por los incendios de 2025, sin diferenciar especies ni valorar su función ecológica, dificulta la regeneración natural y aumenta la vulnerabilidad frente a la erosión y a futuros episodios extremos.
La naturaleza tiene sus propias leyes. Podemos comprenderlas y trabajar con ellas o ignorarlas y sufrir las consecuencias. No podemos legislar contra la naturaleza y mostrar sorpresa cuando no responde como nos gustaría. Los avisos existen desde hace años. La carretera de Peñalba de Santiago lleva tiempo mostrando problemas de estabilidad. El valle de Fornela también. La naturaleza está avisando. La cuestión es si existe la voluntad de escucharla antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, asistimos con preocupación a los intentos de desviar la atención hacia las asociaciones sin ánimo de lucro y las personas voluntarias que participan en el debate público, como los colectivos ecologistas. Quienes formamos parte de estas organizaciones somos personas voluntarias, no legislamos, no gestionamos presupuestos ni decidimos las políticas públicas. Llevamos años aportando de manera altruista nuestro tiempo, conocimiento y evidencia científica para intentar evitar tragedias como la ocurrida este fin de semana. Porque las opiniones son legítimas, pero nunca pueden sustituir al conocimiento científico cuando se adoptan decisiones que afectan a la seguridad de las personas y del territorio.
Seguimos echando en falta más rigor científico, más valentía política y una gestión pública que sitúe la protección de la vida y del territorio por encima de posibles intereses coyunturales.
Desde Bierzo Aire Limpio seguiremos denunciando los incumplimientos normativos, la falta de coordinación entre administraciones y lo que consideramos inacción frente a riesgos que puedan poner en peligro a la población. En nuestra opinión, ignorar las leyes de la naturaleza y no ejecutar las medidas de prevención que las propias administraciones han aprobado, tiene consecuencias que no son solo ecológicas: también pueden costar vidas humanas.
